El aumento exponencial de las peticiones de cambio de género a pesar de las, cada día mayores manifestaciones y denuncias de sus consecuencias, es una realidad social alarmante puesto que lleva a obviar la realidad.

¿Ha influido la eliminación de la disforia de género en la Clasificación diagnóstico de enfermedades de la OMS (CIM-11) en este aumento?

¿Es ético para el bien de la persona simplificar  las implicaciones de la cuestión trans en un apartado de "condiciones relacionadas con la salud digital"?

¿Es ético que los poderes públicos imponga a la población el coste de estas decisiones?